El domingo leí una propuesta en LinkedIn para crear un «fondo de protección de la vivienda«.
La idea era que una parte de cada alquiler o hipoteca se acumule y se invierta para ayudar, más adelante, a personas en situación de vulnerabilidad.
Suena bien, hay voluntad de ayudar y la intención de no obligar a un propietario a hacerse cargo de un problema que no le corresponde resolver solo.
Pero mientras lo leía pensaba: otra vez hay que poner más dinero.
«Un porcentaje pequeño», decía. Estas propuestas siempre empiezan por una cantidad pequeña. Pequeña para que pensemos, «total, no me cuesta nada»:
Pero,
¿Por qué vamos a pedirle más al ciudadano antes de explicar qué está pasando con lo que ya aporta?
Quien paga un alquiler o una hipoteca no tiene ese gasto aislado en su vida. Tiene una compra de supermercado, recibos, transporte, quizá hijos, quizá personas a las que ya ayuda. Y también quiere ahorrar algo, arreglar lo que se rompe o salir a cenar.
Pues de ese mismo bolsillo sale ese nuevo porcentaje.
Es increíble la facilidad con la que se habla del dinero ajeno cuando la finalidad es buena. Como si una causa dejara de necesitar explicaciones en cuanto resulta aparentemente noble.
Vivienda. Infancia. Dependencia. Educación.
Claro que me importan. Precisamente por eso quiero saber qué se hace, cuánto cuesta y si funciona. No me basta con que el nombre del fondo haga que, si lo discutes, seas una mala persona.
También decía en la propuesta que el Estado podría complementar el fondo. Es muy gracioso, porque hablamos del Estado como si fuera el tío Gilito que puede poner lo que falta
La parte que pone el Estado también hay que financiarla. Sale de nuestro mismo bolsillo.
Por eso me enfada tanto cuando oigo «que lo pague lo público» para resolver una discusión. Cuánto, con qué recursos, dejando de financiar qué y con qué resultados esperamos.
Antes quiero cuentas.
Quiero saber qué recursos existen ya para ese problema. Qué se ha evaluado. Qué contribuciones han servido y cuáles no. Qué se puede reorganizar. Qué gastos han dejado de tener sentido. Quién tiene la responsabilidad de corregir lo que falla.
Me parece mínimamente razonable.
En mi casa, si el dinero no llega, tengo que mirar lo que entra y lo que sale. Aceptar que no todo podemos permitírnoslo. Sé que un presupuesto público es más complejo que la economía de mi familia, pues precisamente por eso debería exigirse más rigor al gestionarlo.
No quiero abandonar a nadie. Tampoco quiero que esa preocupación me obligue a seguir contribuyendo más, y más, y más. Indefinidamente.
La buena intención no responde a todas las preguntas.
Ese dinero que parece que tenemos disponible para seguir pagando impuestos está destinado a formar un ahorro, a seguir pagando deudas o simplemente a vivir con algo de tranquilidad.
No todo euro que permanece «debajo del colchón» está desaprovechado. Y por supuesto no tiene que acabar en manos del Estado para dárselo a otros. Y no debería considerarse egoísmo.
A mí la solidaridad me importa. Pero también me importa el esfuerzo que cuesta financiarla. Me gustaría que dejáramos de hablar de una cosa sin la otra.
Mi sueldo ya tiene un objetivo, aunque me quede muy poco después de todo lo que se lleva el Estado.